(La Vanguardia; 17/1/2009)
Por mucho que el gobierno eche las culpas a la situación financiera internacional, la crisis española es made in Spain. Cuando España era un país pobre, basó su crecimiento en productos baratos porque los salarios y, por lo tanto, los costes de producción eran bajos. A medida que crecía, los salarios subían y la competitividad desaparecía. Al no poder competir vendiendo productos más baratos que los demás, España tenía que innovar. Pero nunca lo hizo. En lugar de eso, intentó perpetuar la situación contratando a inmigrantes pobres, causa que no hacía más que retardas las reformas: gracias a que los inmigrantes aceptaban salarios miserables, las empresas no tenían incentivos para invertir en tecnología o transformarse hacia actividades de mayor valor añadido.
La burbuja inmobiliaria también contribuyó a que no se hiciesen reformas. Por alguna razón se generalizó la idea de que la vivienda era una inversión segura (el ladrillo nunca baja, decían ¿lo recuerdan?) y todo el país se dedicó a comprar casas. Eso hacía subir el precio el cual, además de confirmar aquello de que el ladrillo nunca baja, incentivaba a los constructores a edificar como locos. Entre un 15 y un 19% del crecimientos español llegó a depender de la construcción (el 4% en EEUU). El problema es que ese crecimiento solo se podía mantener si los precios seguían subiendo y la histeria colectiva que los hacía subir tenía que llegar algún día a su fin. Y al final, eso fue lo que pasó; el ladrillo dejó de ser una buena inversión, la gente dejó de comprar, las constructoras e inmobiliarias dejaron de contratar y, ahora, una parte importante del PIB va a desaparecer.
¿Qué tiene que ver eso con la falta de innovación? ¡La complacencia! Mientras las cosas iban bien, nadie veía la necesidad de llevar a cabo las dolorosas reformas que fomentarían la innovación. Pero, ahora que se acabó el boom de la construcción, exactamente ¿qué producirá España? Silencio sepulcral.
La monumental borrachera de la construcción dejó dos resacas importantes. Por una parte, una deuda inmobiliaria que ronda los 300.000 millones de euros (¡el 27% del PIB!) Eso es un problema serio porque los ingresos de ese sector en la actualidad son casi nulos. En consecuencia, la banca (¡sí!) esa banca tan segura gracias al gran sistema regulador español), se va a tener que quedar con viviendas, solares, edificios a medio construir, y ciudades fantasma en la Costa del Sol. Una parte será revendida pero a precios de saldo. Si, siendo optimistas, recupera el 66% en términos reales, el agujero final será de unos 100.000 millones de euros. Casi el 10% del PIB.
Por otro lado, quedó un déficit exterior que también ronda el 10% del PIB. Simplificando, el déficit es la diferencia entre la demanda y la oferta agregadas: si la gente quiere comprar (demanda) más de lo que produce (ofrece), la diferencia debe ser comprada en el extranjero. Visto así, el déficit solo se puede corregir de dos maneras: disminuyendo la demanda o aumentando la oferta. Así de simple. El problema es que reducir la demanda quiere decir que las familias, empresas y gobierno gasten un 10% menos. Es decir, una recesión económica del 10% del PIB relativo o potencial. No sabemos si esa caída se producirá durante el 2009 (como Indonesia en 1997 o Argentina en 2000) o si habrá una caída más lenta pero mucho más larga como en Japón entre 1990 y la actualidad. Pero de un modo u otro la caída sucederá a no ser que aumente la oferta. Es decir, que aumenten la productividad y competitividad empresarial.
Lo que nos conduce a las medidas de política económica. Si el gobierno quiere evitar una catástrofe, debe concentrarse en el fomento de la productividad. No hay alternativa. Para eso debe llevar a cabo tres tipos de acciones:
Primero, hay que liberalizar rápidamente la oferta, reducir costes burocráticos, eliminar regulaciones caprichosas o rebajar costes fiscales relacionados con la producción, contratación e inversión.
Segundo, si se quieren tomar medidas de corte Keynesiano para luchar contra la crisis, seleccionar aquellas que tengan un mayor efecto sobre la productividad. Ejemplos: (1) una política fiscal expansiva a base de reducción de impuestos que hagan a las empresas más competitivas hoy es mejor que un aumento del gasto público que conlleve mayores cargas fiscales futuras: (2) Cuando se escoja entre diferentes tipos de infraestructuras, que se elijan las que generen mayor competitividad e innovación; (3) Antes de rescatar o ayudar a un sector, que se pregunte si es un sector de futuro o de pasado o si se instaló en España porque buscaba salarios bajos; (4) En lugar de buscar gasto público adicional, que el gobierno considere pagar las deudas que tienen con miles de empresas que viven financieramente ahogados por culpa de su perniciosa y pertinaz morosidad.
Tercero, deben empezar a introducirse aquellas reformas que no va a tener efectos a corto plazo pero que son fundamentales para la competitividad a largo plazo. Entre ellas, la transformación del sistema educativo para que sea capaz de financiar proyectos de innovación o la erradicación de los excesos intervencionistas en sectores clave.
La hecatombe económica puede y debe ser evitada. Solo es cuestión de que el gobierno abandone el comportamiento errático demostrado en 2008 y haga las cosas bien. La hora de la verdad ha llegado a España.
PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO
1. Muestra tu opinión sobre la importancia del valor añadido en la economía en relación con la productividad y la competitividad.
2. ¿Qué razones explicarían el aumento del déficit exterior citado en el texto?
3. ¿Por qué, aunque se redujo el déficit absoluto por cuenta corriente, aumentó en términos relativos al PIB?
4. Vistos los acontecimientos, cuál es tu valoración personal respecto al texto.
Olimpiadas Galicia 2010
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